A fin de abonar a la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, la bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados, propuso reformar el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que el Estado quedará a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación.
La diputada Karen Castrejón Trujillo, promovente de la iniciativa, explicó que la transición energética se refiere a cambiar de un sistema energético radicado en combustibles fósiles a uno de bajas emisiones, basado en fuentes renovables.
«Debemos de tener claro que al elevar la transición energética a rango constitucional, se hará frente a la crisis climática, se garantizará el derecho a toda persona a un medio ambiente sano y coadyuvará al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 Energía Limpia y Asequible,» apuntó la legisladora.
Al presentar su propuesta, Castrejón Trujillo, señaló que de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI), en 2019, las principales fuentes de emisión fueron: la generación de energía eléctrica con 23 por ciento, el autotransporte con el 18.5 por ciento y los bovinos, es decir la fermentación entérica y manejo de excretas, con el 13.2 por ciento.
“Lo anterior significa que, tanto en México como en todo el mundo, la generación y usos de la energía son las actividades que generan mayor cantidad de gases de efecto invernadero, por tal motivo la transición energética es una condición necesaria para cumplir con los compromisos climáticos de nuestro país”, enfatizó la diputada.
Recordó que la transición energética se incorporó en nuestro marco jurídico en 2008, con la entrada en vigor de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, que surgió a partir de una iniciativa del Partido Verde.
Sin embargo, este ordenamiento fue sustituido por la Ley de Transición Energética, vigente a partir de 2015, e indica que dicha transición está compuesta por diversas acciones que inciden en todas las actividades relacionadas con la generación y usos de la energía.
“Es evidente que la transición energética es indispensable, y aunque nuestro país ya está avanzando en esa dirección, resulta necesario fortalecer esta aspiración en nuestro marco jurídico, elevándola a rango constitucional”, finalizó la legisladora ecologista.