La Dirección General Científica de la Guardia Nacional. Informó que de diciembre de 2018 y junio de 2022 se detuvieron a 70 presuntos ciberdelincuentes en materia de de pornografía infantil, de los cuales 26 ya fueron sentenciados.
Apunta que el año en el que se registró el mayor número de sentencias de un juez para castigar este delito fue 2021, con 11 acciones penales. De enero a junio de 2022 se reportaron seis, en 2020 cinco y de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, cuatro, de acuerdo con el informe Operación Nacional Ciberguardián.
Además se indica que ese mismo periodo se rescataron 67 niñas, niños y adolescentes víctimas de este tipo de delito.
El documento de la institución, que preside el general Luis Rodríguez Bucio, forma parte de los cuatro millones de correos electrónicos sustraídos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo de hacktivistas Guacamaya a finales de septiembre del año pasado.
Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, mencionó que es necesario que la ciudadanía denuncie este tipo de ciberdelitos, ya que esto acelera la apertura de carpetas de investigación por parte de las fiscalías, detona la procuración de justicia y pone un freno a la impunidad.
Expuso que en los últimos tres años la organización de la sociedad civil que preside y la Guardia Nacional han tenido diálogos sobre el combate a la pornografía infantil en México, en los cuales ha detectado un promedio de 400 mil reportes de este tipo de ciberdelitos en el país.
La Fiscalía General de la República (FGR) también ha lanzado campañas para que la ciudadanía denuncie este ciberdelito, en las cuales destaca que “el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es una de las peores formas de violencia”.
En la mayoría de los casos, señala la institución, estos delitos no se denuncian porque las personas afectadas viven con miedo, vergüenza o culpa.
De acuerdo con cifras de 2021 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), del total de 84.1 millones de usuarios de internet en México, 26 por ciento son personas que tienen de seis a 17 años de edad.
El estudio del organismo señala, además, que 21 por ciento de la población de 12 años y más que utilizó internet en el 2020 padeció ciberacoso, lo que equivale a 16.1 millones de personas.
De las víctimas de ciberacoso de 12 años y más, el reporte del Inegi destaca que 35 por ciento tuvo contacto con “identidades falsas”, 34.6 por ciento recibió “mensajes ofensivos” y 26.7 por ciento “insinuaciones o propuestas sexuales”.
Un caso que destaca la Guardia Nacional en el informe se registró en junio del año 2021.
El reporte señala que “mediante una audiencia un juez de control dictó sentencia condenatoria en contra de Marco Antonio N por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, a una pena de 82 años, seis meses de prisión y se condenó al imputado al pago de la reparación de daño, con una multa de siete millones 794 mil 202.5 pesos”.
Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Guardia Nacional, en una acción coordinada se ubicó a este individuo en la colonia El Laurel, en el municipio de Coacalco, por medio de denuncias generadas a través de las plataformas digitales como Facebook y Google.
También se rescató a un niña de 11 años en la colonia El Gigante, en esa misma alcaldía, quien era víctima de ese delincuente.
El documento sustraído al Ejército y al cual El Sol de México tuvo acceso, señala que derivado de las incidencias de pornografía infantil en México, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional implementó la Operación Nacional Ciberguardián, que tiene como objetivo “rescatar a las víctimas menores de edad del delito de pornografía infantil y poner a los probables responsables o agresores sexuales en manos de la justicia”.
En 2020, en el marco de dicha operación, añade el informe, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional impulsó el Operativo Salvación, a fin de coordinar acciones de prevención y capacitación entre las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas.
Las acciones están encaminadas a que en esas instancias se abran carpetas de investigación contra el delito de pornografía infantil en México, en las modalidades de producción, transmisión y abuso sexual, para el rescate de personas menores de edad en todo el territorio nacional.