Por Víctor Barrera
Es irremediable que el llamado “Plan B” de Morena y sus aliados, PT y PVEM, sea aprobado lo que significará en el futuro un rompimiento del régimen constitucional que hasta ahora prevalece en el país.
Debemos subrayar que la prevalecía de un estado-nación está enmarcado en la certeza y garantía de los derechos colectivos e individuales que se precisan en la Constitución.
De ser violentadas estas leyes, la posibilidad de que se convierta en un caos la convivencia nacional se incrementa y por ello cada reforma constitucional deberá analizarse de manera profunda, escuchando todas las voces de la población, pero también incluyendo las opiniones de esas voces para el mejoramiento de la legalidad y el devenir de la vida cotidiana en cada Nación.
En estas reformas, se debe entender que las instituciones y organismos creados para garantizar esa legalidad también deben realizarse de manera analítica y no por caprichos de un grupo de personas que bajo una ideología quieran verter el desarrollo social y democrático de un país.
En México, lamentablemente estamos pasando por esa etapa, donde existe una afán para demoler un Instituto que ha sido piedra angular del desarrollo democrático del país, el INE.
Sabemos que cada organismo e instituto es perfectible y que esto debe realizarse el bien común, pero ante el atropellamiento que se ha hecho en los últimos días en el Congreso de la Unión para aprobar el Plan B, solamente nos lleva a observar que el proceso está plagado de irregularidades que violentas las leyes y normas establecidas para estos cambios.
En la Cámara de Diputados se aprobaron las modificaciones a la Leyes secundarias que sostienen y regulan la operatividad del INE.
Si analizamos las reformas a esas leyes secundarias encontraremos que la inconstitucionalidad es lo que campea al contravenir diversas disposiciones tales como los artículos 41, 80 y 116 de la Carta Magna. Si bien ello deberá ser materia de impugnación, lo más grave será quizá que, con total conocimiento de causa, un grupo de legisladores puedan pasar por alto un cúmulo tan escandaloso de graves irregularidades.
El objetivo es hacer inoperante al árbitro electoral del país para después tener las causas suficientes para su desaparición o modificación, como lo proponía el titular del Ejecutivo en su iniciativa de reforma constitucional.
Lo grave de esto es que ante los visos claros de una inconstitucionalidad, propiciada por quienes hacen las leyes en el país, sin la socialización de documentos que sustenten las reformas y peor aún sin un debate de fondo, se convierta en algo habitual y en los próximos meses sigamos observando esas actitudes que mancillan el estado de derecho en México.
Es necesario subrayar que este grupo de legisladores, de Morena, PT y PVEM, en varias ocasiones durante esta legislatura, se han olvidado de quine los llevo al Congreso de la Unión y trabajan, con obediencia ciega, para una persona que esta obstinado en que prevalezca régimen que hasta ahora ha demostrado su ineficacia.
La ciudadanía deberá exigir a estos legisladores que su trabajo se ciña a favor del bien común y no solo al de su grupo e ideología, porque de lo contrario se harán costumbre los atropellos de la mayoría y la minoría nuevamente se quedará sin protección.
México somos todos y no solo los que piensan o dicen pensar igual a AMLO.