La diputada Ana Laura Huerta Valdovinos (PVEM) propuso reformar la Ley para Regular Sociedades de Información Crediticia, a fin de que, en los casos de los historiales crediticios de personas mayores de 60 años, el plazo establecido para el resguardo de información por haber incumplido con el pago de un crédito sea reducido a la mitad, es decir de 72 a 36 meses, a efecto de facilitarles el acceso a un nuevo crédito o préstamo.
Actualmente, la Ley establece un plazo de 72 meses, contados a partir de la fecha de liquidación, para el resguardo de la información crediticia de una persona que ha incumplido con el pago de algún crédito.
El plazo señalado en el artículo 20 de la misma Ley es un término razonable para una persona de edad promedio en etapa productiva y que tiene relativamente pocos gastos médicos, pero en el caso de los adultos mayores representa una desventaja injustificada habida cuenta de su propia vulnerabilidad en el contexto de un panorama poco propicio para la inclusión financiera.
La iniciativa, que modifica los artículos 20 y 23 de la citada Ley, suscrita también por el diputado Luis Alberto Martínez Bravo, se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis.
Menciona que datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señalan uno de cada tres personas que presentan una queja ante dicha institución por afectación a su patrimonio y a sus recursos financieros es un adulto mayor.
Expone que la inclusión de adulto mayor en el Buró de Crédito puede agravar su situación económica, ya que la información crediticia que resguarda y es consultada por las instituciones financieras genera un mayor costo para obtener más créditos y préstamos.
Refiere que los adultos mayores enfrentan situaciones complicadas debido a la crisis sanitaria, el alto porcentaje de desempleo y las carencias que muchos tienen; por ello, no es correcto que les sea aplicable el mismo plazo que una persona en edad productiva para el resguardo de su información crediticia en caso de incumplimiento en el pago de un crédito
No obstante, y al margen de la información crediticia contenida en el buró de crédito, la mayoría de los rechazos de un crédito se debe a la falta de ingresos o a la insuficiencia de las garantías. Esta situación, sumada a la baja productividad y a la informalidad laboral, origina un círculo vicioso de pobreza y marginalidad que afecta sobre todo a las personas adultas mayores, agrega.
Puntualiza que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 15.4 millones de adultos mayores, de los cuales 54.6 por ciento son mujeres y 46.4 por ciento hombres.