Por Víctor Barrera
Tuvieron que pasar casi ocho años para que la comisión de la verdad, diera su conclusión, bastante similar a la que se había dado meses después, de la masacre de 43 estudiantes de la escuela rural en Ayotzinapa, al afirmar que habían sido asesinados y calcinados para desaparecer cualquier prueba del hecho.
El resultado que esperaban y siguen esperando los padres de familia es que los autores intelectuales y materiales en verdad cumplan tras las rejas su delito, pero que estos sean en verdad quienes realizaron este crimen que puso a México nuevamente como un país altamente peligroso.
La presente administración federal, ante la posibilidad de que no continué su proyecto en las manos de López Obrador y con la cara de una de sus “corcholatas”, saca a la luz de manera inesperada una conclusión de los hechos ocurridos en la fatídica madrugada entre el 26 y 27 de febrero de 2014, Algo que no motiva nada a la población mexicana, porque todo lo dicho ya se daba por conocido.
Sabedor el tabasqueño que las “mediatización” de sus declaraciones pueden hacer a la gente olvidarse de lo importante, para enterarse, quizás por morbo o por simplemente tener un tema que tratar, antes de observar su precaria situación, que tiene su fundamento en las malas decisiones tomadas por la presente administración.
Sabe también que le será difícil a esta administración y en especial a la fiscalía general de la República (FGR) probar la culpabilidad de Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, y los otros funcionarios que también se presume son parte del crimen.
Primero porque si el gobierno de Peña Nieto pretendió esconder lo que ocurrió a los normalistas, tuvo cuatro años para ocultar o eliminar muchas de las pruebas que permitirían probar quienes fueron los responsables del abominable delito.
En esa operación por supuesto que pudieron haber participado la PGR, que en el sexenio de Peña Nieto además de Murillo Karam estuvieron al frente del cargo Arely Gómez, Raúl Cervantes Andrade y Alberto Elías Beltrán; las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, también involucradas en el caso, encabezadas por Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón, respectivamente; la Secretaría de Gobernación cuyos titulares fueron Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete Prida; el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), bajo la dirección de Eugenio Ímaz y Alberto Bazbaz; los gobernadores de Guerrero Ángel Aguirre, Salvador Ortega Martínez, David Cienfuegos y Héctor Astudillo, y una gran cantidad de funcionarios federales y estatales que por órdenes participaron en el operativo.
Además no se cuentan con pruebas fehacientes de lo ocurrido, porque el tiempo también hace su parte.
Pero López Obrador necesita de colgarse medallas, para que su imagen y su gobierno sigan en la mente de la gente y estirara lo más posible este hecho para que alcance hasta los comicios del 2024 y hacer ver a la gente que este gobierno si cumple con sus promesas, aunque el resultado no sea el esperado.
Es por ello que es muy posible que Jesús Murillo será el único detenido por los hechos, pero que al final, luego de este sexenio y dos años después de iniciado el otro, por falta de pruebas contundentes será absuelto.