La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM) impulsa una iniciativa a fin de garantizar la salvaguarda de los menores de manera efectiva y ágil en los casos en los que se detecten indicadores de violencia vicaria ejercida en contra de las niñas, niños y adolescentes, estableciendo medidas que protejan a tiempo su integridad emocional, psicológica y física.
La propuesta de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que cuando niñas, niños o adolescentes se vean afectados por violencia vicaria, en los casos en los cuales quien ejerce las funciones de guarda y custodia no desarrolle adecuadamente su rol parental, las autoridades correspondientes están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar.
También se agrega a la ley que cuando el padre haya sido denunciado o condenado por violencia familiar, doméstica o vicaria o cualquier delito en razón de género contra las mujeres o sea deudor alimentario, las autoridades jurisdiccionales competentes, procurando el interés superior de la niñez, podrán decretar en todo momento, aún como medida cautelar, la limitación, suspensión o pérdida del derecho de convivencia, custodia provisional o definitiva o cualquier régimen de comunicación o relación cuando exista peligro para las niñas, niños y adolescentes.
Establece que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes cuando se tenga conocimiento de que son víctimas de violencia vicaria; asimismo, deberán garantizar que sean atendidos por personal especializado en casos de violencia para asegurar que se adopten decisiones que respondan al interés superior de la niñez.
Añade que se tomarán las medidas necesarias a fin de garantizar el apoyo para que las niñas, niños y adolescentes, durante su protección, atención especializada y recuperación, permanezcan con la madre, excepto si ello es contrario al interés superior de la niñez.
Plantea como atribución del Sistema Nacional de Protección Integral, diseñar y aplicar protocolos especializados para facilitar la planeación e implementación de medidas de prevención, atención, esquemas de alerta temprana y de seguridad para eliminar la violencia vicaria y garantizar una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes.
Define a la violencia vicaria como las conductas realizadas contra otra persona de manera consciente a través de terceros con el propósito de castigar, dañar psicológicamente o causar un sufrimiento a la mujer con la que se mantiene, se ha mantenido o se pretende una relación con la intención de ejercer o continuar practicando manipulación, control, dominación y violencia sobre ella.
La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, considera que para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes es esencial asegurar el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica mediante la prevención de toda forma de violencia en su contra, por lo que es urgente prevenirla y erradicarla.