Por Víctor Barrera
La frase “no me vengan con que la ley es la ley”, demostró que fue una orden para que ministros de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), decidieran que la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), es constitucional y por tal motivo el poder Legislativo deberá legislar sobre ella.
Ahora el poder legislativo tendrá que dictaminar esta LIE, propuesta por el poder Ejecutivo que da prioridad en el despacho de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se produce a través de la quema de fósiles y combustibles, que son altamente contaminantes, y ponen en segundo sitio a las energías llamadas limpias que se con recursos renovables y no contaminantes.
Ante esto, no solo legisladores de oposición, PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano si no también académicos, empresarios e inversionistas, están preocupados por esa resolución que también ofrece mayor presencia a la CFE y la convierte en la primera dependencia con un poder no solo económico sino de decisión sobre un sector de importancia para el desarrollo tecnológico e industrial del país.
Pero también la Suprema Corte manifestó que deben respetarse los contratos pactados en la anterior reforma energética, del 2013, donde se permitió la cogeneración y generación de energía eléctrica por parte del sector privado, por esta variante, entraron al país una gran cantidad de recursos que permitió una competencia y por supuesto el reconocimiento de que se puede distribuir energía eléctrica a costos bajos y no contamínate.
Pero de prevalecer la LIE del Ejecutivo a través de la aprobación de Morena y sus partidos aliados, con el convencimiento de algunos legisladores de la oposición, provocaría un alud de demandas y litigios que en el corto y mediano plazo se convertirían en una avalancha de pagos con factura en el erario público.
Esto último ya ha sido señalado, en varias ocasiones, por la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai y el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar.
Debemos destacar que los litigios son complejos y prolongados, además de costosos, elemento que podría impactar en el crecimiento económico del país ante la necesidad de destinar una gran cantidad de recursos para pagar a los inversionistas indemnizaciones, recursos que deberán ser tomados del presupuesto federal y que significaran recortes a los sectores productivos del país.
De acuerdo a las autoridades del gobierno de estados Unidos, no solo están en riesgo inversiones que superan 10 mil millones de dólares, sino también la confianza de los inversionistas hacia nuestro país.
Es cierto que la reforma del 2013 tiene algunos puntos malos, los cuales pueden corregirse, a través de una reforma que permita que los participantes del sector puedan competir en las mejores condiciones que prevalezcan órganos reguladores y operadores de la red eléctrica autónomos y con independencia técnica, y que la CFE no se convierta en el monopolio que se pretende hacer, porque en los próximos años será la caja chica del gobierno y el hundimiento del país a una pobreza no solo económica, sino también tecnológica y de desarrollo