La diputada federal Rocío Natalí Barrera Puc, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que es necesario incluir los principios de igualdad de oportunidades e integración social en la Ley General de Desarrollo Social. Lo anterior, responde a la armonización legislativa con la reforma constitucional sobre programas sociales que los establece como derechos.
En su argumentación, explicó que la reforma ya aprobada implica salvaguardar constitucionalmente las políticas, acciones y presupuestos que respondan a estos derechos de forma permanente, progresiva y universal, mismos que deberán ser atendidos en la reglamentación.
“Su observancia es esencial para garantizar la justicia social en México, razón por la cual en 2020 se elevaron a rango constitucional los derechos sociales de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, ponderando así el derecho a la seguridad social de manera garantista, progresiva y universal”, subrayó.
Comentó que el desarrollo social o bienestar de la población es sin duda uno de los objetivos generales del pacto social, además de mejorar las condiciones de vida de las personas en los diferentes ámbitos a que se refieren los servicios de salud, seguridad social, educación, empleo, recreación, vivienda y en general al acceso e igualdad de oportunidades.
En este sentido, la legisladora federal recordó que en México la deuda histórica para lograr el bienestar social general de la población, ha sido una constante durante décadas. Muestra de ello, es que en los últimos treinta años se incrementaron los índices de desigualdad económica y social en el grueso de la población, aumentando los beneficios para un reducido sector de la sociedad.
Sin embargo, “en los últimos tres años, con la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el desarrollo social se ha concentrado en la erradicación de la pobreza y la implementación de acciones y apoyos que evitan mayor desigualdad social y económica”, a partir de la reforma constitucional de los programas sociales, afirmó.
Por ello, la iniciativa que propone la legisladora de Morena, responde al mandato constitucional de armonización legislativa que se establece en el Artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional que elevó a este rango los programas sociales.
“Esta adecuación legislativa resulta necesaria, toda vez que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con la Ley y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales”, concluyó.
Para lograr dicha armonización, la legisladora propone que se adicionen las fracciones XII Y XIII al artículo 3, se reforma la fracción I del artículo 19 y se adicionan las fracciones X y XI al artículo 19, todos de la Ley General de Desarrollo Social.