Propone de 5 a 10 años para “fraude deportivo”

Los actos fraudulentos en el deporte, como la manipulación de resultados de competencias o torneos, deberían ser considerados “corrupción deportiva” y sancionados con cárcel de cinco a 10 años de prisión, y multas de mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización, UMA, propuso el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Ernesto Vargas.

El proyecto del también actor y cantante, agrega que la sanción se incrementará en un 50 por ciento, cuando el involucrado que ofrezca beneficios económicos o en especie, sea empleado, corredor, representante, gestor, apoderado, administrador o socio de casas de apuestas.

Y también cuando se trate de integrantes de algún club, liga, federación deportiva, directivos o empleados de organismos del deporte federales, estatales o municipales.

La propuesta indica que también serán penalizados con cinco y hasta 10 años de cárcel, quienes oculten, encubran o pretendan encubrir actos de corrupción para modificar y alterar resultados deportivos.

Lo mismo ocurrirá en el caso de quienes utilicen o lleven a cabo actos violentos o conductas de dominio, control, agresión física, psicológica, patrimonial o económica, con el fin de cambiar resultados deportivos antes, durante y después de un evento de ese tipo.

Podrán ser penalizados en dichos términos “quien por sí o por interpósita persona, con el propósito de obtener un lucro económico o beneficio deportivo, ofrezca, prometa, coaccione, proponga, invite, pagué, obsequie, entregue un beneficio económico o en especie no justificado en los términos legales, a atletas, árbitros, auxiliares técnicos, directores deportivos, entrenadores, jueces deportivos, médicos, vicepresidentes, administradores de entidades deportivas, directores del deporte municipal, estatal o federal, presidentes de clubes o federaciones deportivas con el objetivo de alterar, modificar, arreglar, cambiar o variar resultados deportivos en competencias de carácter profesional o amateur”.

Dichas normas aplicarán a eventos deportivos celebrados en el país, organizados por instancias, organismos y federaciones nacionales e internacionales.

Agrega que para comprobar las corruptelas, se tomarán como válidas las evidencias registradas a través de cualquier medio tecnológico. Indica que se considerará “fraude deportivo” las conductas “típicas” como ofrecer, prometer, proponer, invitar, pagar, obsequiar, entregar beneficios económicos o en especie fuera de los términos legales.
Incurrirá en “fraude activo” quien ejecute la acción y ofrezca las prebendas referidas; y cometerá “fraude pasivo” el que acepte sobornos. Independientemente de si se concretó la entrega o pago de beneficios, dinero en efectivo o las modalidades en especie señaladas, bastará con que se hagan promesas, ofrecimientos, propuestas o invitaciones a deportistas, árbitros y directivos, para aplicar sanciones.

Establece que será sancionada en los mismos términos, la persona física que conozca de la conducta ilícita y “se vuelva omisa” al ocultar o encubrir los hechos antes de que se presenten, o después de que ocurran.

Se considerará, dice la iniciativa, como sujetos activos en la comisión del delito a aquellos que aprovechando el cargo, gestionen, induzcan, organicen y participen en la alteración de resultados en competencias deportivas sean de tipo profesional o amateur.

En esas conductas estarán incluidos quienes ocupen puestos jerárquicos superiores a los de los atletas y el cuerpo técnico, es decir, directores deportivos, vicepresidentes, presidentes, dueños, socios, apoderados y representantes de clubes, asociaciones, federaciones, organismos deportivos de los tres órdenes de gobierno.

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