Las Leyes, su aprobación y las agendas legislativas

plenoComo ya es costumbre, siempre al inicio de cada legislatura, los grupos parlamentarios realizan sus reuniones para establecer su agenda a seguir, las cuales están llenas de inicitavas y buenas intenciones.

Estas agendas, que no dejan de ser más que un listados de propuestas a iniciativas de ley, llegan hasta un centenar de ellas por cada grupo parlamentario, por lo que el tiempo de tan solo tres meses por periodo legislativo se reduce a nada para siquiera intentar sacar algunas de estas propuestas, que en su mayoría tiene el objetivo de quedar bien con sus electores.

De todas estas propuestas de iniciativa, cuando mucho logran pasar un centenar en las negociaciones políticas que se realizan al interior de la Comisiones legislativas, pero pocas pasan de la aprobación del Pleno, porque las negociaciones llegan a romperse principalmente por los intereses de partido da cada grupo parlamentario.

Así, al paso de cada año legislativo se acumularan miles de iniciativas que en el corto plazo tendrán que ser eliminadas de un plumazo para dar paso a otras iniciativas, que en su mayoría solo son una corrección a las ya eliminadas.

Pero existen otras iniciativas que pasan casi de facto y que ahora son llamadas iniciativas preferentes, que envía el Ejecutivo Federal y que por la presión del grupo mayoritario apoyado por sus apéndices las aprueban

Una de estas que enviará el Ejecutivo irrumpió ayer en voz de la procuradora general de la República, Arely Gómez, cuando se presentó en el Senado de la República, será una bomba si cumplen con el anuncio de que ya la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional preparan una iniciativa para una nueva ley de extinción de dominio.

Arely Gómez se reunió con senadores del PRI y PVEM. A éstos les dijo que la propuesta de nueva ley de extinción de dominio deberá garantizar beneficios a las víctimas del crimen organizado. Pero también deberá considerar la pérdida absoluta de la propiedad en donde se hubieran cometidos delitos propios de delincuencia organizada.

Sería una iniciativa candente, sin duda. Y con mucha jiribilla. El PRI y el PVEM solo querrán aprobarla en los términos de sus conveniencias políticas, económicas y personales. No se podría pensar de manera distinta, sabiendo de la historia legislativa que han impreso los priístas en el Congreso mexicano de los últimos años.

Un Congreso constructor de leyes transfiguradas en instrumentos de dominio de la población.

Veremos qué plantea en dicha iniciativa el presidente de la República.

En realidad todas las leyes deberían ser procesadas en función de los intereses de la mayoría de la población, o de las minorías cuando éstas son sociales.

Para esto, los diputados y senadores tendrían que estar legislando dando prioridad a las técnicas legislativas y no los intereses políticos y/o partidistas de cada grupo parlamentario. O peor aún: de cada cúpula parlamentaria.

De ocurrir así, es probable que la casi totalidad de las agendas legislativas estaría siendo aprobada, porque muchas de esas propuestas corresponden a temas muy sensibles para la población.

Verbigracia: PAN, PRD, MC y Morena no tendrían ningún empacho para aprobar leyes que fortalecieran el combate a la corrupción y ahondaran en la transparencia y rendición de cuentas.

Este tema es fundamental para un país como México que gana primeros lugares mundiales en avance de la corrupción.

¿Qué pasa, que siendo tantos partidos los requirentes nomás no puede el Congreso legislar en temas que la población aplaudiría a rabiar, como la del combate a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos?

La traba está en el PRI y el PVEM, evidentemente, pues son ellos los que gobiernan. Y los que gobiernan, pues no van a permitir que les impongan leyes que los conduzcan al cadalso en caso de cometer ilícitos en el ejercicio de la administración y el presupuesto públicos.

Casos de corrupción que podrían ser emblemáticos de esta administración, se suceden unos a otros: La casa blanca, la casa de Malinalco, los chanchullos de la empresa constructora española OHL, no solo ponen a prueba las instituciones, sino también a la tolerancia de la población.

Si José López Portillo tuvo fama de corrupto, Enrique Peña Nieto ya lo rebasó, han reiterado opositores en el Congreso de la Unión, desde hace varios meses, sobre todo a partir de que se conoció la existencia de una casa en las Lomas de Chapultepec que habiendo sido propiedad de un constructor beneficiado en el estado de México, en los tiempos del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, de pronto aparecía como propiedad de la esposa del Presidente de la República.

La constructora es Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, la misma compañía que vendió a Luis Videgaray Caso, actual secretario de Hacienda y Crédito Público, una casa en Malinalco bajo condiciones de crédito tan excepcionales y ventajosos para el comprador que lo menos que pensó la gente, desde el sentido común, es que dicha compra-venta correspondía a un chanchullo.

Para estos casos no hay leyes que los alcancen, ni agendas legislativas suficientes para cuajarlas.

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